| 3 cuotas de $23.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.800 |
| 1 cuota de $69.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.800 |
| 3 cuotas de $23.266,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.800 |
| 2 cuotas de $41.300,66 | Total $82.601,32 | |
| 6 cuotas de $15.392,06 | Total $92.352,38 | |
| 9 cuotas de $10.889,57 | Total $98.006,18 | |
| 12 cuotas de $8.631,93 | Total $103.583,20 | |
| 24 cuotas de $6.195,04 | Total $148.680,98 |
| 3 cuotas de $28.159,64 | Total $84.478,94 |
| 3 cuotas de $29.741,78 | Total $89.225,34 | |
| 6 cuotas de $16.379,73 | Total $98.278,40 |
| 6 cuotas de $16.497,23 | Total $98.983,38 | |
| 9 cuotas de $12.344,51 | Total $111.100,66 | |
| 12 cuotas de $10.109,94 | Total $121.319,38 |
| 18 cuotas de $7.035,45 | Total $126.638,14 |
Intervención de mandos medios
Alejo Amuchastegui.
1a ed. - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires : Praxis Jurídica Ediciones, 2023.
464 p. ;
23 x 16 cm.
ISBN 978-631-90057-0-7
RESUMEN
Este trabajo tuvo como fin obtener algunas herramientas dogmáticas y metodológicas que permitan alguna solución sobre las bases de Claus Roxin respecto de la imputación a los mandos medios de un aparato organizado de poder en delitos colectivos estatales. Así, se analizaron los presupuestos dogmáticos y metodológicos del concepto de autor roxiniano y su autoría por dominio de la organización y, en consecuencia, se identificaron sus fallas dogmáticas al ser aplicada a los mandos intermedios. Esto se pudo evidenciar, también, a partir de la falta de jurisprudencia uniforme y de doctrina precisa y clara sobre el asunto.
Sentadas estas falencias, para arribar al objetivo se estudiaron diferentes construcciones dogmáticas de atribución de responsabilidad utilizadas en el DPN y en el DPI, así como también algunos lineamientos de la sociología de las organizaciones. Como resultado, se obtuvieron dos tipos o herramientas metodológicas que podrían ser útiles: 1) la consideración de la faceta colectivo-institucional que poseen las estructuras estatales organizadas de poder y 2) la necesidad de normativizar los conceptos tradicionales de la autoría y la participación o de usar modelos de imputación normativizantes, aunque sin desechar aspectos fácticos y respetándose los principios de legalidad y culpabilidad y sus proyecciones.
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