| 3 cuotas de $21.174 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.522 |
| 6 cuotas de $10.587 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.522 |
| 1 cuota de $63.522 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.522 |
| 3 cuotas de $21.174 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.522 |
| 2 cuotas de $37.585,97 | Total $75.171,93 | |
| 6 cuotas de $14.007,66 | Total $84.045,96 | |
| 9 cuotas de $9.910,14 | Total $89.191,24 | |
| 12 cuotas de $7.855,55 | Total $94.266,65 | |
| 24 cuotas de $5.637,84 | Total $135.308,21 |
| 3 cuotas de $25.626,89 | Total $76.880,68 |
| 3 cuotas de $27.066,72 | Total $81.200,17 | |
| 6 cuotas de $14.906,50 | Total $89.438,98 |
| 6 cuotas de $15.013,42 | Total $90.080,55 | |
| 9 cuotas de $11.234,22 | Total $101.107,97 | |
| 12 cuotas de $9.200,63 | Total $110.407,59 |
| 18 cuotas de $6.402,66 | Total $115.247,96 |
Intervención de mandos medios
Alejo Amuchastegui.
1a ed. - Ciudad Autónoma
de Buenos Aires : Praxis Jurídica Ediciones, 2023.
464 p. ;
23 x 16 cm.
ISBN 978-631-90057-0-7
RESUMEN
Este trabajo tuvo como fin obtener algunas herramientas dogmáticas y metodológicas que permitan alguna solución sobre las bases de Claus Roxin respecto de la imputación a los mandos medios de un aparato organizado de poder en delitos colectivos estatales. Así, se analizaron los presupuestos dogmáticos y metodológicos del concepto de autor roxiniano y su autoría por dominio de la organización y, en consecuencia, se identificaron sus fallas dogmáticas al ser aplicada a los mandos intermedios. Esto se pudo evidenciar, también, a partir de la falta de jurisprudencia uniforme y de doctrina precisa y clara sobre el asunto.
Sentadas estas falencias, para arribar al objetivo se estudiaron diferentes construcciones dogmáticas de atribución de responsabilidad utilizadas en el DPN y en el DPI, así como también algunos lineamientos de la sociología de las organizaciones. Como resultado, se obtuvieron dos tipos o herramientas metodológicas que podrían ser útiles: 1) la consideración de la faceta colectivo-institucional que poseen las estructuras estatales organizadas de poder y 2) la necesidad de normativizar los conceptos tradicionales de la autoría y la participación o de usar modelos de imputación normativizantes, aunque sin desechar aspectos fácticos y respetándose los principios de legalidad y culpabilidad y sus proyecciones.
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