Procedimiento ante el sistema interaméricano de Derechos Humanos - Autor/es: Margaroli, Josefina Co-Autor/es: Magulan, Sergio L.

Procedimiento ante el sistema interaméricano de Derechos Humanos
Subtítulo: Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos

Autor/es: Margaroli, Josefina
Co-Autor/es: Magulan, Sergio L

.Año: 2012   Tapa: Rústica   Edición: 1º   Páginas: 710   ISBN: 987-1419-58-6


Introducción del autor:
Cuando el reclamo de “justicia” hace pensar en recurrir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos, comienza una nueva etapa. Se tiene una esperanza. Entonces, habrá que prepararse a recorrer un camino que requiere de conocimientos, paciencia, y también bajar las expectativas de obtener una respuesta pronta, razonable y justa.
El Estado es el primer garante de los derechos del hombre.
Es el primer obligado a respetarlos. Cuando no cumple con sus obligaciones, y resulta denunciado ante organismos supranacionales, la conducta mayoritaria que sigue es negar los hechos, no investigar y corregir, sino entorpecer el trámite. Este mismo Estado es el que financia el funcionamiento del Sistema y propone a los miembros que integran sus órganos.
El resultado favorable es posible, y para que además se torne probable, este libro describe los pasos del proceso recorrido por anteriores denunciantes; así, en el Capítulo V anota las características que hoy tiene y las propuestas para lograr un sistema saludable.
La inseguridad jurídica existente en la Argentina es de público conocimiento, tanto por la presencia, cada vez mayor, de normas de dudosa constitucionalidad, como de un sistema judicial cuestionado desde hace tiempo por los numerosos procesos que llevan a la necesaria saturación del sistema judicial y las dudas que surgen respecto de una solución justa, definitiva y legal del problema.
A todo esto, ya de por sí grave, se suma la falta de control legislativo que debería aplicarse sobre los poderes del Estado, pues el que se realiza parece teñido de intereses políticos claramente contrapuestos a los principios republicanos.
Ante las resoluciones adoptadas en tales circunstancias, que se generen sobre los diferentes temas planteados en sede judicial, agotadas las instancias de derecho interno se intenta, en muchos casos, una búsqueda de reparación ante los organismos internacionales de protección del derecho.
En el caso de la Argentina, el mecanismo más conocido utilizado, y el único que permite el acceso y tratamiento de casos particulares, es el establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica—, para los instrumentos que conforman el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Si bien este sistema, por su naturaleza, permite una utilización poco restrictiva, tiene requisitos de fondo y de forma que resultan necesarios cumplir para la aceptación de la petición, la iniciación del caso, la obtención de un informe de admisibilidad, su posterior resolución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cap. II), o, en su caso, su elevación al órgano jurisdiccional del sistema, esto es, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el trámite ante ella (Cap. III).
El Estado argentino ha tenido una amplia y consistente acción en la defensa de los derechos humanos afectados durante el proceso militar, respecto de las violaciones al derecho a la vida, la libertad, la integridad física y otras afectaciones a las garantías contenidas tanto en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y otros instrumentos de protección de tales derechos. La realidad actual hace necesario incluir la defensa y protección de los otros derechos y garantías establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en la numerosa legislación internacional que se ha venido desarrollando en el mundo.
El objeto de esta obra, dedicada a profesionales del derecho, es el de ofrecer una guía del funcionamiento y desarrollo del Sistema, es decir, presentar un manual práctico que indique las condiciones de acceso al Sistema Interamericano y su procedimiento a efectos de que tales profesionales puedan, en un primer momento, verificar si los hechos constituyen una supuesta violación a los derechos protegidos por el Sistema, y si reúnen los requisitos mínimos para exponer el caso; en un segundo tiempo, le permita elaborar la presentación, de forma tal que pueda ser entendida como una petición válida y aceptable, y limitar, al menos en la medida de lo posible, su rechazo in limine.
Y, finalmente, le indique cómo iniciar y continuar con la tramitación del caso, tanto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como, de llegar, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta obra es, por consiguiente, eminentemente práctica, no pretende entrar en discusiones doctrinarias. No obstante, se ha incluido en ella legislación, doctrina y jurisprudencia internacionales mencionando las normas locales que las validan, al solo efecto de transmitir la información necesaria sobre el tema y lograr, en la medida de lo posible, una básica comprensión de un sistema que, en su aplicación, es relativamente nuevo para muchos profesionales. En la medida de lo posible, hemos hecho referencia a casos en los que fue denunciado el Estado argentino.
Habrá que tener en cuenta que uno de los requisitos es que las presentaciones se efectúen dentro de un plazo de seis meses del hecho que dio origen a la presentación, lo que en sí mismo es un tiempo relativamente amplio si se tienen los conocimientos de dónde buscar la información; caso contrario, tal amplitud se verá limitada. La normativa, resoluciones, sentencias y opiniones consultivas constituyen el sustento de las presentaciones a realizar. La Comisión Interamericana publica resoluciones e informes, y la Corte Interamericana emite fallos y opiniones consultivas, por lo general bastante extensos en su desarrollo y fundamentación.
Para el estudio y evaluación de la información que puede disponerse se debe tener en cuenta que, al igual que en las sentencias publicadas de derecho interno, no se tiene conocimiento directo y público del texto de la petición, salvo que se conozca al denunciante, por lo cual sólo puede inferirse o deducirse su contenido de los párrafos que puedan transcribirse o de lo manifestado en los considerandos de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la información suele ser más completa sobre lo peticionado por cada parte, y en general se trascriben íntegramente pruebas testimoniales e informes periciales.
Los extractos de los informes, fallos y opiniones consultivas que se incluyen en esta obra son indicativos de cuestiones que hacen al procedimiento. Enuncian los principios del derecho universal de los derechos humanos, que son fundamento del Sistema, y los criterios que para su aplicación toman los órganos que lo componen. También hacen referencia a las obligaciones del Estado y las responsabilidades que generan sus incumplimientos y deben ser tenidos en cuenta dentro del contexto general del Sistema, por ser comunes a toda violación. Por esto, la petición hará referencia a los incumplimientos del Estado respecto de su obligación genérica de protección, al debido proceso y, en cada caso, a la garantía o derecho específico que se considera afectado. Cada profesional, y para el caso particular sobre el que pretenda peticionar, deberá, en definitiva, buscar la información y justificación a él relativa. Esta tarea, aunque en principio resulta engorrosa, está facilitada por la posibilidad de acceso a los sistemas de información electrónica, en los numerosos sitios y páginas que en la web existen, tanto de los organismos internacionales como de organizaciones no gubernamentales, entre otras: Comisión Interamericana de Derechos Humanos [http://www.cidh.oas.org]: éste es el sitio oficial de la Comisión, y en él pueden encontrarse los informes publicados, legislación, y hasta un modelo de presentación de denuncias y datos estadísticos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos [http://www.corteidh.or.cr]: es el sitio oficial de la Corte, y en él pueden encontrarse los fallos con sus textos completos, opiniones consultivas legislación.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos [http://www.iidh.ed.cr]: contiene información sobre temas relacionados a la materia.
Enlaces de derechos humanos [http://www.derechos.net]: permite el acceso a sitios y páginas relacionadas con el tema.
Finalmente, habrá que tener en cuenta que dentro de un sistema democrático y republicano, es el Poder Judicial quien tiene la obligación y la potestad legal de proteger los derechos y garantías de los ciudadanos, establecidos tanto en la Constitución como en las normas internacionales y las normas del derecho interno. Es, por consiguiente, la falta de cumplimiento de estas garantías, por parte de este Poder del Estado, quien en definitiva responsabiliza al propio Estado ante los mecanismos internacionales de protección. Por consiguiente, adelantamos que deben agotarse, en el ámbito interno de la Nación, las instancias y los recursos que la legislación interna establece, y sólo luego de agotados, o, como excepción, claramente demostrada inaplicabilidad o transcurrido un tiempo por demás excesivo en la resolución definitiva del caso, podrá realizarse la petición.
Es, por lo tanto, necesario un fallo firme que agote las instancias en sede interna, tanto sea a nivel nacional como provincial, que constituya, por su ilegitimidad, la violación del derecho protegido. Resulta que la responsabilidad que el Estado asume de reparar al damnificado incluye necesariamente sancionar a los responsables directos de la violación a las garantías protegidas por el sistema. Lo cual debe implicar la destitución de los responsables, el inicio de las acciones penales, si correspondiesen, y la repetición de las indemnizaciones, gastos, costas y demás erogaciones que se hayan realizado como consecuencia de la acción internacional, esto último, sobre todo, para evitar que los responsables resulten impunes y sea siempre el patrimonio de los contribuyentes el que deba soportar las acciones ilegítimas, de los funcionarios.

En nuestro país, es la propia Constitución Nacional la que establece el procedimiento a seguir en sede internacional, pues está contenido en los instrumentos a ella incorporados por el art. 75, inc. 22. No existe una normativa expresa de menor jerarquía para el procedimiento en sede interna de actuaciones sometidas a la acción internacional. Está previsto en la Convención Americana que las sentencias de la Corte Interamericana, como el superior órgano jurisdiccional, obligatorias para el Estado violador, se harán efectivas según el procedimiento previsto para la ejecución de sentencias contra el Estado. El Capítulo IV del presente está dedicado a exponer las normas del Sistema que generan la responsabilidad para el Estado de garantizar, a través de la legislación y el debido proceso, los derechos humanos enunciados en los distintos instrumentos.
En la práctica se evidencian posiciones y actos de las partes y órganos intervinientes que dan lugar a que realicemos un análisis crítico del Sistema (Cap. V). Una forma de conocer y prevenir ante posibles decisiones que no den cabal protección al fin último, la dignidad humana.

Lo cierto es que un Estado parte del Sistema Interamericano, que se obligó a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, debe procurar que sea así y de producirse una violación de aquéllos, acudir a investigar y remediar la situación, primero en sede interna, y, si no lo hizo, a llevar el caso a la instancia internacional. Lo contrario da espacio a este libro.

Descripción: 
Derechos humanos. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Responsabilidad del Estado: el debido proceso y la seguridad jurídica. Evaluación del Sistema Interamericano.

Procedimiento ante el sistema interaméricano de Derechos Humanos - Autor/es: Margaroli, Josefina Co-Autor/es: Magulan, Sergio L.
$1.500,00
Cantidad
Procedimiento ante el sistema interaméricano de Derechos Humanos - Autor/es: Margaroli, Josefina Co-Autor/es: Magulan, Sergio L. $1.500,00

Conocé nuestras opciones de envío

Procedimiento ante el sistema interaméricano de Derechos Humanos
Subtítulo: Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos

Autor/es: Margaroli, Josefina
Co-Autor/es: Magulan, Sergio L

.Año: 2012   Tapa: Rústica   Edición: 1º   Páginas: 710   ISBN: 987-1419-58-6


Introducción del autor:
Cuando el reclamo de “justicia” hace pensar en recurrir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos, comienza una nueva etapa. Se tiene una esperanza. Entonces, habrá que prepararse a recorrer un camino que requiere de conocimientos, paciencia, y también bajar las expectativas de obtener una respuesta pronta, razonable y justa.
El Estado es el primer garante de los derechos del hombre.
Es el primer obligado a respetarlos. Cuando no cumple con sus obligaciones, y resulta denunciado ante organismos supranacionales, la conducta mayoritaria que sigue es negar los hechos, no investigar y corregir, sino entorpecer el trámite. Este mismo Estado es el que financia el funcionamiento del Sistema y propone a los miembros que integran sus órganos.
El resultado favorable es posible, y para que además se torne probable, este libro describe los pasos del proceso recorrido por anteriores denunciantes; así, en el Capítulo V anota las características que hoy tiene y las propuestas para lograr un sistema saludable.
La inseguridad jurídica existente en la Argentina es de público conocimiento, tanto por la presencia, cada vez mayor, de normas de dudosa constitucionalidad, como de un sistema judicial cuestionado desde hace tiempo por los numerosos procesos que llevan a la necesaria saturación del sistema judicial y las dudas que surgen respecto de una solución justa, definitiva y legal del problema.
A todo esto, ya de por sí grave, se suma la falta de control legislativo que debería aplicarse sobre los poderes del Estado, pues el que se realiza parece teñido de intereses políticos claramente contrapuestos a los principios republicanos.
Ante las resoluciones adoptadas en tales circunstancias, que se generen sobre los diferentes temas planteados en sede judicial, agotadas las instancias de derecho interno se intenta, en muchos casos, una búsqueda de reparación ante los organismos internacionales de protección del derecho.
En el caso de la Argentina, el mecanismo más conocido utilizado, y el único que permite el acceso y tratamiento de casos particulares, es el establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos —Pacto de San José de Costa Rica—, para los instrumentos que conforman el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Si bien este sistema, por su naturaleza, permite una utilización poco restrictiva, tiene requisitos de fondo y de forma que resultan necesarios cumplir para la aceptación de la petición, la iniciación del caso, la obtención de un informe de admisibilidad, su posterior resolución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cap. II), o, en su caso, su elevación al órgano jurisdiccional del sistema, esto es, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el trámite ante ella (Cap. III).
El Estado argentino ha tenido una amplia y consistente acción en la defensa de los derechos humanos afectados durante el proceso militar, respecto de las violaciones al derecho a la vida, la libertad, la integridad física y otras afectaciones a las garantías contenidas tanto en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y otros instrumentos de protección de tales derechos. La realidad actual hace necesario incluir la defensa y protección de los otros derechos y garantías establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica y en la numerosa legislación internacional que se ha venido desarrollando en el mundo.
El objeto de esta obra, dedicada a profesionales del derecho, es el de ofrecer una guía del funcionamiento y desarrollo del Sistema, es decir, presentar un manual práctico que indique las condiciones de acceso al Sistema Interamericano y su procedimiento a efectos de que tales profesionales puedan, en un primer momento, verificar si los hechos constituyen una supuesta violación a los derechos protegidos por el Sistema, y si reúnen los requisitos mínimos para exponer el caso; en un segundo tiempo, le permita elaborar la presentación, de forma tal que pueda ser entendida como una petición válida y aceptable, y limitar, al menos en la medida de lo posible, su rechazo in limine.
Y, finalmente, le indique cómo iniciar y continuar con la tramitación del caso, tanto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como, de llegar, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta obra es, por consiguiente, eminentemente práctica, no pretende entrar en discusiones doctrinarias. No obstante, se ha incluido en ella legislación, doctrina y jurisprudencia internacionales mencionando las normas locales que las validan, al solo efecto de transmitir la información necesaria sobre el tema y lograr, en la medida de lo posible, una básica comprensión de un sistema que, en su aplicación, es relativamente nuevo para muchos profesionales. En la medida de lo posible, hemos hecho referencia a casos en los que fue denunciado el Estado argentino.
Habrá que tener en cuenta que uno de los requisitos es que las presentaciones se efectúen dentro de un plazo de seis meses del hecho que dio origen a la presentación, lo que en sí mismo es un tiempo relativamente amplio si se tienen los conocimientos de dónde buscar la información; caso contrario, tal amplitud se verá limitada. La normativa, resoluciones, sentencias y opiniones consultivas constituyen el sustento de las presentaciones a realizar. La Comisión Interamericana publica resoluciones e informes, y la Corte Interamericana emite fallos y opiniones consultivas, por lo general bastante extensos en su desarrollo y fundamentación.
Para el estudio y evaluación de la información que puede disponerse se debe tener en cuenta que, al igual que en las sentencias publicadas de derecho interno, no se tiene conocimiento directo y público del texto de la petición, salvo que se conozca al denunciante, por lo cual sólo puede inferirse o deducirse su contenido de los párrafos que puedan transcribirse o de lo manifestado en los considerandos de los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la información suele ser más completa sobre lo peticionado por cada parte, y en general se trascriben íntegramente pruebas testimoniales e informes periciales.
Los extractos de los informes, fallos y opiniones consultivas que se incluyen en esta obra son indicativos de cuestiones que hacen al procedimiento. Enuncian los principios del derecho universal de los derechos humanos, que son fundamento del Sistema, y los criterios que para su aplicación toman los órganos que lo componen. También hacen referencia a las obligaciones del Estado y las responsabilidades que generan sus incumplimientos y deben ser tenidos en cuenta dentro del contexto general del Sistema, por ser comunes a toda violación. Por esto, la petición hará referencia a los incumplimientos del Estado respecto de su obligación genérica de protección, al debido proceso y, en cada caso, a la garantía o derecho específico que se considera afectado. Cada profesional, y para el caso particular sobre el que pretenda peticionar, deberá, en definitiva, buscar la información y justificación a él relativa. Esta tarea, aunque en principio resulta engorrosa, está facilitada por la posibilidad de acceso a los sistemas de información electrónica, en los numerosos sitios y páginas que en la web existen, tanto de los organismos internacionales como de organizaciones no gubernamentales, entre otras: Comisión Interamericana de Derechos Humanos [http://www.cidh.oas.org]: éste es el sitio oficial de la Comisión, y en él pueden encontrarse los informes publicados, legislación, y hasta un modelo de presentación de denuncias y datos estadísticos.
Corte Interamericana de Derechos Humanos [http://www.corteidh.or.cr]: es el sitio oficial de la Corte, y en él pueden encontrarse los fallos con sus textos completos, opiniones consultivas legislación.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos [http://www.iidh.ed.cr]: contiene información sobre temas relacionados a la materia.
Enlaces de derechos humanos [http://www.derechos.net]: permite el acceso a sitios y páginas relacionadas con el tema.
Finalmente, habrá que tener en cuenta que dentro de un sistema democrático y republicano, es el Poder Judicial quien tiene la obligación y la potestad legal de proteger los derechos y garantías de los ciudadanos, establecidos tanto en la Constitución como en las normas internacionales y las normas del derecho interno. Es, por consiguiente, la falta de cumplimiento de estas garantías, por parte de este Poder del Estado, quien en definitiva responsabiliza al propio Estado ante los mecanismos internacionales de protección. Por consiguiente, adelantamos que deben agotarse, en el ámbito interno de la Nación, las instancias y los recursos que la legislación interna establece, y sólo luego de agotados, o, como excepción, claramente demostrada inaplicabilidad o transcurrido un tiempo por demás excesivo en la resolución definitiva del caso, podrá realizarse la petición.
Es, por lo tanto, necesario un fallo firme que agote las instancias en sede interna, tanto sea a nivel nacional como provincial, que constituya, por su ilegitimidad, la violación del derecho protegido. Resulta que la responsabilidad que el Estado asume de reparar al damnificado incluye necesariamente sancionar a los responsables directos de la violación a las garantías protegidas por el sistema. Lo cual debe implicar la destitución de los responsables, el inicio de las acciones penales, si correspondiesen, y la repetición de las indemnizaciones, gastos, costas y demás erogaciones que se hayan realizado como consecuencia de la acción internacional, esto último, sobre todo, para evitar que los responsables resulten impunes y sea siempre el patrimonio de los contribuyentes el que deba soportar las acciones ilegítimas, de los funcionarios.

En nuestro país, es la propia Constitución Nacional la que establece el procedimiento a seguir en sede internacional, pues está contenido en los instrumentos a ella incorporados por el art. 75, inc. 22. No existe una normativa expresa de menor jerarquía para el procedimiento en sede interna de actuaciones sometidas a la acción internacional. Está previsto en la Convención Americana que las sentencias de la Corte Interamericana, como el superior órgano jurisdiccional, obligatorias para el Estado violador, se harán efectivas según el procedimiento previsto para la ejecución de sentencias contra el Estado. El Capítulo IV del presente está dedicado a exponer las normas del Sistema que generan la responsabilidad para el Estado de garantizar, a través de la legislación y el debido proceso, los derechos humanos enunciados en los distintos instrumentos.
En la práctica se evidencian posiciones y actos de las partes y órganos intervinientes que dan lugar a que realicemos un análisis crítico del Sistema (Cap. V). Una forma de conocer y prevenir ante posibles decisiones que no den cabal protección al fin último, la dignidad humana.

Lo cierto es que un Estado parte del Sistema Interamericano, que se obligó a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, debe procurar que sea así y de producirse una violación de aquéllos, acudir a investigar y remediar la situación, primero en sede interna, y, si no lo hizo, a llevar el caso a la instancia internacional. Lo contrario da espacio a este libro.

Descripción: 
Derechos humanos. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Responsabilidad del Estado: el debido proceso y la seguridad jurídica. Evaluación del Sistema Interamericano.